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Hace una década, el pueblo indígena Krenak de Minas Gerais, Brasil, experimentó lo que ahora llaman "la muerte del río." A principios de noviembre de 2015, una presa minera propiedad de Samarco, una empresa conjunta entre la brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton, colapsó cerca de Mariana. Este desastre desató una enorme inundación de desechos tóxicos de mineral de hierro que sepultó la comunidad de Bento Rodrigues y contaminó el río Doce por más de 370 millas, llegando finalmente al Océano Atlántico. Para los Krenak, el río no era solo un recurso natural sino una parte vital de su cultura, espiritualidad y vida diaria. Como relató su líder Shirley Djukurnã Krenak, señales de la catástrofe inminente se sintieron días antes: el silencio reemplazando el canto de los pájaros y una pesada quietud en el aire. Cuando llegó el lodo, fue devastador tanto ambiental como espiritualmente.\n\nEl colapso vertió aproximadamente 40 millones de toneladas de desechos mineros en uno de los sistemas fluviales más antiguos de Brasil, alterando para siempre el paisaje y la vida de innumerables comunidades. A pesar de los esfuerzos continuos de reconstrucción y batallas legales, el río sigue contaminado con metales pesados, y muchos residentes locales ven pocos cambios reales. Este desastre no resuelto arroja una sombra sobre los esfuerzos de Brasil por presentarse como líder climático mientras se prepara para albergar la cumbre COP30 de las Naciones Unidas. Voces indígenas como la de Krenak enfatizan que para ellos, la lucha no es sobre grandes discursos o cumbres internacionales; es una cuestión de supervivencia.\n\nEl presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva busca mostrar el liderazgo del país en políticas ambientales en la COP30, que se celebra en Belém, en el corazón de la Amazonía. Sin embargo, los críticos argumentan que la brecha entre la retórica ambiental de Brasil y la realidad es marcada. Maurício Guetta de Avaaz destaca contradicciones en el enfoque brasileño, señalando que leyes recientes han debilitado las protecciones para la naturaleza y los derechos indígenas. La congresista indígena Célia Xakriabá, que representa a Minas Gerais afectada, llama al desastre de Mariana "un crimen aún en curso," señalando la contaminación persistente y las enfermedades en su comunidad. Ella sostiene que el verdadero liderazgo climático comienza con justicia para quienes sufren las consecuencias de primera mano.\n\nLas secuelas del desastre también influyeron negativamente en la política ambiental. Tras el colapso de Mariana, Minas Gerais flexibilizó sus leyes de licenciamiento ambiental, un movimiento vinculado a la trágica catástrofe de la presa de Brumadinho en 2019, que cobró 270 vidas. A finales de 2024, el gobierno brasileño y las autoridades estatales alcanzaron un acuerdo récord de 30 mil millones de dólares con Samarco y sus propietarios, destinado a reparaciones sociales y ambientales. Aun así, los expertos advierten que los problemas más amplios de desregulación y falta de financiamiento a las agencias ambientales continúan amenazando la integridad de los ecosistemas. La legislación reciente que restringe las reclamaciones de tierras indígenas y relaja el licenciamiento ambiental socava aún más los compromisos climáticos de Brasil bajo el Acuerdo de París.\n\nMuchas comunidades indígenas expresan escepticismo hacia la COP30, viéndola como una plataforma para el lavado verde en lugar de un cambio genuino. La comunidad Krenak, por ejemplo, ha decidido no asistir, sintiendo que las cumbres anteriores no han evitado crímenes ambientales repetidos. La antropóloga Ana Magdalena Hurtado teme que, aunque las voces indígenas puedan estar simbólicamente incluidas en la COP30, a menudo falta un seguimiento real, lo que conduce a más daño que beneficio. A pesar de esto, algunos líderes mantienen la esperanza. Krenak sostiene la creencia de que el cambio aún es posible, que las futuras generaciones podrían algún día beber agua limpia del río sin miedo.\n\nEn resumen, el colapso de la presa de Mariana sigue siendo un símbolo doloroso de injusticia ambiental y fallas de gobernanza en Brasil. Mientras la nación se presenta en el escenario global para la COP30, los pueblos indígenas y grupos de defensa exigen justicia, responsabilidad y protecciones significativas que vayan más allá de la retórica y los acuerdos financieros. Proteger ríos, bosques y derechos indígenas se ve no solo como política ambiental sino como un paso fundamental hacia la supervivencia y dignidad de los más afectados.
